El acceso y cobertura de servicios públicos para la población es fundamental para garantizar el acceso equitativo a recursos básicos de calidad, sin importar el origen o ubicación de la población. Esto implica ampliar la cobertura y mejorar la calidad de servicios como el agua potable, el saneamiento básico, la energía eléctrica y el transporte público, así como promover políticas de tarifas sociales e incentivos para garantizar el acceso de los grupos más vulnerables.
Además, se requiere fortalecer la infraestructura y la gestión de los servicios públicos, promover la eficiencia y sostenibilidad de los recursos naturales, y garantizar la participación ciudadana en la gestión y control de los servicios públicos, todo esto a través de las mejores prácticas de infraestructura y gestión pública. Se busca así, la igualdad de oportunidades, el bienestar social y la inclusión económica de todos los ciudadanos.